El Ministerio Público, representado por las fiscales litigantes Carolin Junesca De Oleo y Yelianny Polanco, presentó evidencias testimoniales, periciales y documentales que permitieron demostrar la responsabilidad penal de los condenados, quienes incurrieron en asociación de malhechores y homicidio voluntario. También, en la violación a la Ley sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 265 y 266, 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, y los artículos 66, 66-V y 67 de la Ley núm. 631-16.