Santo Domingo.- La decisión de cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia de no continuar en el proceso de evaluación constitucional ha generado preocupación en sectores de la sociedad civil, que advierten sobre una posible pérdida de experiencia, liderazgo y talento en las posiciones más altas del Poder Judicial.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!La alerta fue formulada por Leidy Blanco, representante de Participación Ciudadana en la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) de las Altas Cortes, quien llamó a las instituciones responsables del proceso a reflexionar sobre las condiciones en las que se desarrolla la evaluación de los jueces y juezas de la Suprema Corte.
Blanco consideró que este mecanismo constitucional puede contribuir a fortalecer la legitimidad del sistema de justicia, siempre que se aplique mediante procedimientos transparentes, objetivos, verificables y respetuosos del debido proceso, así como del mandato constitucional de paridad.
“Su éxito no depende únicamente de las decisiones finales que adopte el Consejo Nacional de la Magistratura, sino también de la confianza que genere el propio procedimiento”, sostuvo.
Una salida que supone pérdida de experiencia
La representante de la ROI destacó que tres de los cuatro magistrados que decidieron no continuar pertenecen a la carrera judicial y son profesionales relativamente jóvenes, cuya formación y capacitación han representado una inversión importante para el Estado dominicano.
A juicio de Blanco, su salida anticipada supone una pérdida de capital humano institucional, particularmente en un momento en que el país requiere fortalecer la judicatura y consolidar una carrera judicial basada en la experiencia y la profesionalización.
La organización aclaró que respeta el derecho de cada magistrado a decidir sobre la continuidad de su carrera. Sin embargo, entiende que la situación plantea interrogantes que deben ser examinados por las autoridades.
“Corresponde preguntarse si el sistema está ofreciendo las condiciones necesarias para fortalecer la confianza en el mecanismo constitucional de evaluación y para incentivar la permanencia del talento, la experiencia y el liderazgo judicial”, expresó Blanco.
El retiro de dos magistradas genera preocupación adicional
La ROI también manifestó especial preocupación por la salida de las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez, debido a sus reconocidas trayectorias dentro del Poder Judicial.
La organización recordó que las designaciones realizadas en diciembre de 2025 elevaron a cinco el número de mujeres integrantes de la Suprema Corte de Justicia, un avance que valoró positivamente, aunque señaló que la representación femenina todavía se encuentra lejos del equilibrio previsto en el artículo 39.5 de la Constitución.
En el caso de Nancy Salcedo Fernández, Blanco destacó que su trayectoria y condición de jueza de carrera la colocaban ante la posibilidad de convertirse en la primera mujer proveniente de la carrera judicial en presidir la Suprema Corte de Justicia.
Para la ROI, esa posibilidad constituía una oportunidad histórica para fortalecer el liderazgo femenino en el máximo tribunal del país.
Piden al Consejo de la Magistratura garantizar la paridad
Participación Ciudadana recordó que la Constitución dominicana establece el deber del Estado de promover una participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones.
En ese sentido, Blanco sostuvo que este principio debe ser tomado en cuenta por el Consejo Nacional de la Magistratura tanto en las decisiones de ratificación como en las nuevas designaciones que se produzcan.
“La paridad constituye un principio constitucional que debe orientar tanto las decisiones de ratificación como las nuevas designaciones”, afirmó.
Las advertencias vienen desde el proceso anterior
La preocupación expresada por la ROI, explicó Blanco, no surge únicamente a partir del retiro de los cuatro magistrados. La organización ya había señalado durante el proceso anterior algunas prácticas que, a su juicio, podían desalentar la participación de jueces y juezas en futuras evaluaciones.
Entre las situaciones cuestionadas citó la modificación de las reglas de evaluación cuando el período de designación de los magistrados estaba próximo a concluir, la falta de criterios suficientemente objetivos y verificables, la publicación tardía de las actas y la limitada motivación de algunas decisiones de no ratificación.
La organización también advirtió sobre el riesgo de que la evaluación del desempeño judicial se aparte de su finalidad constitucional y termine generando incertidumbre entre quienes forman parte de la carrera judicial.
En ese contexto, recordó las situaciones relacionadas con las magistradas Miriam Germán Brito y Pilar Jiménez Ortiz.
Sobre el caso de Jiménez Ortiz, Blanco señaló que la propia magistrada cuestionó públicamente la utilización de criterios subjetivos, la insuficiente motivación de su decisión de no ratificación y la existencia de posibles patrones de discriminación hacia las mujeres durante este tipo de procesos.
La ROI insistió en que toda evaluación judicial debe realizarse respetando la independencia de los jueces, la igualdad de trato y la dignidad de quienes ejercen la función jurisdiccional.
Participación Ciudadana cuestiona transparencia de las actas
Otro de los aspectos señalados por la organización es la transparencia de las actuaciones del Consejo Nacional de la Magistratura.
Blanco indicó que recientemente fueron publicadas las actas correspondientes a las sesiones de elección de jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral celebradas en diciembre de 2025, después de reiteradas solicitudes formuladas desde distintos sectores de la sociedad.
Sin embargo, consideró que la publicación de estos documentos todavía no cumple plenamente con los estándares de transparencia y rendición de cuentas que deberían acompañar el proceso.
Explicó que las actas permiten conocer el desarrollo formal de las sesiones y las decisiones adoptadas, pero no ofrecen suficiente información sobre la manera en que fueron ponderados los méritos de cada candidato, cómo se aplicaron los criterios establecidos ni cuáles fueron las razones específicas que sustentaron unas decisiones frente a otras.
“Transparencia significa permitir que la ciudadanía comprenda por qué se toman las decisiones públicas y pueda verificar que estas responden exclusivamente a criterios constitucionales, legales y objetivos; no consiste únicamente en publicar documentos”, sostuvo Blanco.
La organización llamó finalmente a fortalecer los mecanismos de evaluación y selección de los magistrados, de manera que estos contribuyan a preservar la independencia judicial, retener el talento dentro de la carrera y garantizar una representación equilibrada en las altas cortes.
